Tal y como se refleja en el artículo de Paula Boira en La Vanguardia / EFE (2023), la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho, manifiesta que muchos de los incidentes racistas se producen en espacios de ocio, como bares, restaurantes y discotecas, «donde se impide o deniega a las personas acceder simplemente por su pertenencia a un grupo poblacional que sufre con más asiduidad la discriminación racial, como las personas gitanas, latinoamericanas, árabes o afrodescendientes».
Bosaho, nacida en Guinea Ecuatorial en 1965 -tres años antes de que la antigua colonia española se independizara- reside en España desde hace más de 30 años, concretamente en Alicante, donde ha desempeñado su carrera como técnica sanitaria.
En su opinión, «para combatir el racismo estructural lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo y evaluarlo», algo para lo que el Ministerio de Igualdad propone que el Instituto Nacional de Estadística (INE) «realice una pregunta de origen étnico en una encuesta en 2026».
«Necesitamos indicadores y datos por origen étnico para evaluar la magnitud del racismo estructural», insiste la directora general, quien opina que esto ayudaría a conocer las causas de los comportamientos racistas y a implementar medidas temporales de acción positiva para ponerles fin, como facilitar el acceso de las personas de minorías étnicas a estructuras de poder.
Esta es una de las políticas que Igualdad quiere incluir en su futura ley contra el racismo, que se anunció en marzo de 2022 pero de la que solo se ha completado el primer paso: la consulta pública.
Sobre los tempos que se manejan para convertir esta norma en una realidad, Bosaho asegura que el texto de la futura ley orgánica «está redactado» y que el Ministerio «tiene voluntad política para elevarla al Consejo de Ministros». «Pensamos que se debería aprobar en esta legislatura», defiende.
EL RETO DE ACABAR CON LA INFRADENUNCIA DE LOS DELITOS DE ODIO
Disminuir la infradenuncia de los delitos de odio y de las experiencias de discriminación racial no delictivas pero ilegales será otro de los objetivos de esta norma.
«Las encuestas revelan que la mayoría de las víctimas de actos de discriminación racial o de incidentes o delitos de odio racistas no lo denuncian», lamenta Bosaho, quien remite a la última encuesta sobre este tipo de infracciones penales del Ministerio del Interior, según la cual el 89,24% de los que experimentaron uno de estos episodios no presentó denuncia por el delito sufrido.
En este sentido, Igualdad considera que el 021, el nuevo teléfono del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica que entrará en funcionamiento en menos de mes y medio, «va a ayudar mucho».
De hecho, Bosaho celebra que en los últimos años las denuncias hayan ido incrementándose paulatinamente, desde los 376 casos denunciados en 2013 hasta los 1.570 en 2022.
Para seguir incrementando las cifras, la directora general hace hincapié en la importancia de que la sociedad tome conciencia de la violencia racista, para lo que es necesario que un mayor número de «personas de ascendencias diversas y de otros grupos poblacionales, religiosos y étnicos que sufren con más asiduidad el racismo» se incorporen a espacios como las instituciones públicas y la docencia.
EL FEMINISMO DEBE INTEGRAR LA LUCHA ANTIRRACISTA
Bosaho también tiene palabras para el feminismo, el cual, en su opinión, «debe tener la capacidad de integrar aquellas visiones que se habían marginalizado a lo largo de la historia», como el racismo, porque en el movimiento de las mujeres «cabemos todas».
«El racismo, la homofobia, la transfobia, el antigitanismo, la islamofobia o las formas conexas de intolerancia son parte integrante del mismo paquete», resalta la directora general, para quien «acabar con todas las formas de odio es mantener el compromiso con el feminismo».