ElDiario.es.- Un informe del Observatorio del Hábitat valenciano subraya las discriminaciones que operan en el mercado inmobiliario y reclama ampliar el parque público de vivienda y su regulación para frenarlas.
La situación administrativa irregular, el idioma, los sesgos xenófobos de los arrendadores, la burocratización del sistema, la brecha digital y, especialmente, la escasez de vivienda pública y los elevados precios de mercado convierten en una odisea acceder a un hogar para una persona migrante.
El Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana destaca en su último informe que el 86% de los migrantes en la Comunitat Valenciana tienen problemas para acceder a una vivienda digna. El precio, los trámites administrativos y el racismo son las principales barreras que encuentra la población migrante encuestada, especialmente la no europea. Las dificultades aumentan por sexo según la nacionalidad, que trae asociados una serie de estereotipos por parte de los arrendadores sobre las personas que quieren acceder a un hogar; más de la mitad de los encuestados en este informe ha percibido actitudes racistas en los caseros.
El informe destaca los avances legales, pero subraya que el impacto material es escaso. “El parque de vivienda pública valenciano es prácticamente inexistente y las dinámicas de mercado a las que está sometido el parque privado de vivienda, continúan excluyendo anchísimas capas de la población”. Según los datos obtenidos, el precio es la principal dificultad encontrada por las personas migrantes a la hora de acceder a una vivienda digna: más del 20% destinan al menos la mitad de su sueldo a costear el alquiler y el 33% lo percibe como el principal problema.
“Partimos entonces de la realidad actual donde el acceso a la vivienda para la población en general es complicado, en buena medida, debido al hecho de que la vivienda es un derecho que se regula como un bien de mercado, y que además es un mercado no regulado y con fuertes intereses por parte de otros mercados, como el financiero o el turístico. El acceso a la vivienda es complejo, pero los requisitos formales dejan fuera a parte de la población migrante”, recalca el texto.
El informe utiliza el término “burorrepresión” (represión burocrática) para referirse a “procesos de exclusión que afectan a las personas migrantes en su condición de extranjeras y en su relación con el derecho a la vivienda y otros derechos”, como el del trabajo. Este fenómeno, unido al “racismo inmobiliario” -las trabas exclusivas para personas migrantes, desde una negativa verbal motivada por el origen hasta los procesos administrativos“, terminan agravando la situación de vulnerabilidad. Los autores constatan una percepción general de que hay un recrudecimiento del racismo inmobiliario, puesto que ”además de articularse a través de mecanismos más exigentes (avales, nóminas, seguros), en el discurso de las personas arrendadoras y de las inmobiliarias ha habido una radicalización, expresando de manera abierta y contundente actitudes y comportamientos racistas“.
La dificultad de cumplir con los requisitos formales de alquiler o de acceso a ayudas económicas deriva en muchos casos de la imposibilidad de acceder a la contratación laboral, derivada a su vez de la necesidad habitual de permanecer en situación de irregularidad durante al menos 3 años para conseguir el arraigo social.
En los mejores casos, apunta el informe, parte las personas que superan los requisitos termina residiendo en viviendas precarias o con condiciones de insalubridad o en habitaciones de pisos compartidos, en los que suelen dar situaciones de abusos de poder; en los peores, cuando no se les permite “participar del juego del mercado inmobiliario” se ven abocadas a la ocupación“ o pasan a encontrarse en situación de calle.
La “burorrepresión” y los problemas de regulación del estatus legal se convierten en una espiral de exclusión. La falta de documentación administrativa deriva en la aceptación de trabajos precarios y en la economía sumergida, dificultando el acceso a la vivienda por el coste económico, impide el registro en el padrón, que a su vez bloquea el acceso a otros derechos fundamentales. Así, subraya el informe, esto “determina la misma situación de irregularidad en la que se encontraban de partida, atrapándolos así en una espiral de exclusión sin salida posible”.
Además de las evidentes repercusiones en la situación económica de las personas excluidas del mercado inmobiliario, el informe advierte sobre los riesgos para la salud: las personas encuestadas hicieron referencia principalmente al estrés, el desbordamiento emocional y la ansiedad como los principales efectos psicológicos negativos provocados por las condiciones de la vivienda.