El Periódico de Extremadura.- La fiscalía solicita 30.000 euros por daños morales para Fragoso, que la acusación particular eleva a 50.000. También reclaman 50.000 euros para el ayuntamiento y 190.000 a repartir entre otros 29 perjudicados.
Penas de entre 13 años y medio y 9 meses de prisión y más de 270.000 euros en indemnizaciones por los daños morales y secuelas causados a una larga lista de perjudicados, 31 en total. Son las condenas que solicita la fiscalía para los 8 procesados en el caso del Club de Debates Urbanos de Badajoz, a los que el ministerio público acusa de formar parte de un grupo criminal que, a través de sus publicaciones difamatorias en grupos creados en Facebook en 2016, pretendían desestabilizar al gobierno municipal, con la intención de hacer prosperar una moción de censura contra el entonces alcalde, Francisco Javier Fragoso, y acceder así a puestos en el ayuntamiento pacense para obtener beneficio económico propio.
El fiscal pide 50.000 euros en concepto de responsabilidad civil para el Ayuntamiento de Badajoz y 30.000 euros para el exalcalde por los daños y secuelas sufridos. El abogado que lo representa en este procedimiento judicial, Emilio Cortés, eleva esa cantidad a 50.000 euros. El letrado recordó que Fragoso sufrió en julio de 2017, a consecuencia del «acoso» al que lo estaban sometiendo a él, a su familia y allegados, un ataque de estrés, que desencadenó en una parálisis facial, cuyas secuelas se mantienen en la actualidad.
Además de para el exalcalde y el ayuntamiento, el ministerio público solicita indemnizaciones por importe global de 190.000 euros para otros 29 perjudicados, entre ellos concejales, exconcejales, funcionarios municipales, particulares, dos agentes de la Policía Nacional y la concesionaria del transporte público urbano en la ciudad, Tubasa, personada en la causa como acusación particular junto al consistorio y Fragoso.
La fiscalía sostiene en su escrito que los procesados vertieron, con conocimiento y de manera organizada confabulándose a través de grupos de Whatsapp, «falsedades», «insultos» y «noticias irreales» a través de los grupos de Facebook (principalmente en el Club de Debates Urbanos de Badajoz), en la que sus chats llegaron a contar con 5.000 seguidores. Unos lo hacían a través de perfiles reales y otros falsos.
Estos hechos, según el ministerio público, son constitutivos de un delito continuados de calumnias, otro de injurias, falsedad en documentos oficial y público, incitación al odio, descubrimiento y revelación de secretos y denuncia falsa. De todos ellos considera autor a uno de los procesado, al que sitúa como cabecilla del grupo, para el que pide 13 años y 6 meses de cárcel. Para el resto solicita penas de entre 5 años y 4 meses y 4 años y 6 meses, a excepción de uno de ellos, al que aplica la atenuante muy cualificada de confesión y rebaja la petición de prisión a 9 meses.
El abogado de Fragoso, por su parte, eleva las penas de cárcel para los acusados. Así, solicita 17 años y 2 meses de prisión para el principal encausado y otra de las procesadas, y pide 14 años y 8 meses para el resto, salvo para el inculpado que ha reconocido los hechos y ha colaborado en la fase de instrucción, para el que rebaja sustancialmente la pena.
Acuerdo con tres procesados
No obstante, el fiscal, Diego Yebra, avanzó que hay negociaciones con tres de los procesados para alcanzar un acuerdo, aunque no concretó con cuáles de ellos ni los términos de la conformidad al no estar cerrada aún. En todo caso, no sería con el principal imputado en este procedimiento.
La incomparecencia de este último y otro de los acusados obligó al titular del Juzgado de lo Penal número 2 a suspender la primera sesión del juicio, prevista para ayer. La fiscalía solicitó que se dictara orden de busca y captura para ambos y el ingreso en prisión preventiva del ‘cabecilla’. Las acusaciones particulares se adhirieron a la petición, pero solicitaron el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos al considerar que su ausencia era un intento «deliberado» de eludir la justicia y el «riesgo de fuga».
La defensa del principal acusado, en manos de José Miguel Morcillo, consideró «desproporcionada» la medida y aseguró no tener conocimiento de que su cliente hubiera recibido personalmente la citación. En este sentido, explicó que a su despacho había llegado la notificación el pasado jueves y que había sido imposible contactar con su defendido. Este último llegó a los juzgados poco después de que la vista se hubiera suspendido y, según su letrado, su intención era acudir, pero tuvo un problema «en la carretera».
Al cierre de esta edición, no había trascendido la resolución del juez sobre la solicitud de busca y captura e ingreso en prisión.
Morcillo consideró este juicio «una pantomima» y avanzó que solicitará la nulidad total del procedimiento, por la detención «ilegal» de su cliente y la intervención y apertura de un teléfono móvil, «en contra de la orden del juzgado», así como por no permitir a su representado el derecho fundamental de defensa «porque se nos están denegando todas las pruebas que solicitamos», argumentó.
La nueva fecha en la que se ha fijado el juicio es el próximo 6 de febrero.