La justicia europea da la razón a una pareja que denunció discriminación por parte de Rumanía.
Los matrimonios homosexuales tendrán los mismos derechos de residencia en la UE que los heterosexuales, incluso en los países donde este tipo de uniones no sean legales. Así lo ha decidido este martes el Tribunal de Justicia de la UE. La decisión de los magistrados permitirá a las parejas gais en las que uno de los cónyuges es extracomunitario, mudarse a otro país de los Veintiocho sin restricciones, como ya pueden hacer los matrimonios entre hombre y mujer. «Aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio homosexual, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando a su cónyuge del mismo sexo, extracomunitario, la concesión un derecho de residencia», ha concluido la Corte.
La sentencia es una victoria para los defensores de los derechos de los homosexuales frente a los gobiernos más conservadores del continente. El caso tiene su origen en una denuncia presentada por el rumano Adrian Coman y su esposo, el estadounidense Claibourn Hamilton, ambos de 46 años. Iniciaron su relación en 2002 tras conocerse por Internet, y dado que por aquel entonces estaba prohibido en Estados Unidos, se casaron en Bruselas en 2010, donde Coman, experto en derechos humanos, trabajaba en el Parlamento Europeo. Dos años después de la boda, pidieron a Rumanía permiso de residencia para Hamilton con la intención de trasladarse juntos, pero Bucarest rechazó su solicitud alegando que dado que no reconoce las uniones homosexuales, un extracomunitario como Hamilton no podía obtener la residencia dado que no es considerado cónyuge. Sin dicho permiso, los ciudadanos de fuera de la UE no pueden permanecer más de tres meses en los Veintiocho.
La pareja denunció ante los tribunales lo que estimaron una discriminación frente a los matrimonios heterosexuales al no disfrutar del mismo derecho a la libre circulación en la UE. Aunque finalmente decidieron irse a vivir a Nueva York, mantuvieron el proceso judicial abierto para que otros en su situación no tuvieran que enfrentarse a la misma negativa en el futuro. «Teníamos que acabar con esto ahora. No solo por nosotros, sino por otros que no disponen de nuestros recursos», afirmó Coman en una entrevista a este diario.
Esa insistencia ha tenido réditos cinco años después. En 2016, el Tribunal Constitucional rumano remitió el asunto a los jueces comunitarios, que hoy se han pronunciado a su favor dejando claro que, a efectos legales, el término cónyuge también incluye a los del mismo sexo. Ambos han recibido la noticia este martes en Bucarest, donde se trasladaron para seguir el desenlace del caso y dirigirse a los medios de comunicación. «Por fin somos una familia. Estaba nervioso pero optimista. ¡Vivimos en 2018!», ha afirmado Coman a este diario minutos después de la sentencia, de cuya resolución se ha enterado a través de Twitter. Los días previos los pasaron juntos en un congreso en defensa de los derechos de los homosexuales en Botsuana. Su batalla judicial les ha convertido en símbolos del combate global por la igualdad, y a menudo son invitados a participar en eventos organizados por activistas proderechos.
El fallo es un varapalo para Rumanía. Pero también afecta a todos aquellos países comunitarios en los que el matrimonio homosexual no es legal. Durante la audiencia en la Corte de Luxemburgo, Hungría, Polonia, Letonia y la propia Rumanía defendieron que es competencia de los Estados decidir al respecto. Los jueces no han avalado esa tesis. A partir de ahora, si un ciudadano europeo se casa con alguien de fuera de la UE, tiene derecho a que su pareja se mude con él o ella a cualquiera de los Veintiocho Estados miembros, independientemente de que la ley del país reconozca o no el matrimonio homosexual.
La decisión exacerba también la distancia que separa a Bruselas de determinados países del Centro y el Este, recelosos de que la UE intervenga en asuntos que consideran de índole doméstica. 22 de los 28 estados de la UE contemplan el matrimonio homosexual o alguna forma de unión civil de este tipo en sus leyes. Solo Eslovaquia, Letonia, Lituania, Rumanía, Bulgaria y Polonia lo prohíben o no lo aceptan.
Las resistencias a una mayor apertura siguen existiendo en amplios sectores sociales de estos países. La Coalición por la Familia, una organización civil asentada en Rumanía, recolectó en 2016 tres millones de firmas a favor de modificar la definición de matrimonio en la Constitución para limitarla a la unión entre un hombre y una mujer frente a la expresión actual de «cónyuges que dan su consentimiento». Los partidarios del cambio constitucional llevan tiempo reclamando la celebración de una consulta al respecto, pero el retraso por parte del parlamento en aprobar una ley sobre referéndums ha dejado por ahora paralizada la votación.
Vía El País