El Periódico.- La entidad asume que el 70% de las denuncias registradas (un total de 414) no llegan al sistema penal porque los afectados tienen miedo o temen no ser creídos.
«Por primera vez, el primer tipo de hechos racistas que se denuncian ante nuestra entidad tienen que ver con el abuso de las fuerzas de seguridad», lamenta Paula Rossy, psicóloga y trabajadora del servicio de atención y denuncia de SOS Racisme en Catalunya. El informe anual de esta organización muestra que el racismo sigue presente en la sociedad catalana: en 2022 atendieron más de 414 casos -110 nuevos-, aunque la inmensa mayoría de los afectados no confía en las instituciones judiciales para denunciarlos. «Hay un entramado de prácticas poco garantistas y discriminatorias que comprometen el éxito y ponen en entredicho los derechos humanos», explica el abogado Josep Granados.
Del total de personas que denunciaron hechos racistas el año pasado ante la entidad, 24 casos son referentes a abusos policiales -las acusaciones apuntan especialmente a la Guardia Urbana de Barcelona y a los Mossos d’Esquadra- presuntamente cometidos este año y otros 45 tienen que ver con hechos de años anteriores. Estos casos van desde perfilaciones por raza -los agentes identifican a personas por la calle por el simple hecho de ser de origen migrante- hasta agresiones o detenciones irregulares. «Hay comunidades que no están representadas por la policía, las fuerzas de seguridad no responden a la demanda de todas las personas que viven en Catalunya, sino de una parte, y mucha gente no se siente protegida por ellos», explica la coordinadora de la entidad, Kaire ba Dejuan, que reclama más control a los agentes.
Acoso en las escuelas
La segunda tipología más denunciada este año es la que antes se encontraba en primera posición: el racismo entre particulares, con 21 casos nuevos y otros 77 acumulados durante el año anterior. Se trata de conflictos de todo tipo: desde vecinales y callejeros hasta ‘bullying’. Este último es un ámbito que está creciendo, porque cada vez son más las familias que piden la mediación de SOS Racisme para resolver casos de acoso escolar. «Una vez atendimos a una niña a la que daban patadas los compañeros de clase, a otros los insultan por su aspecto físico, incluso han llegado a atacar la residencia familiar -afirma Úrsula Ruiz, socióloga y miembro del equipo del servicio de atención-. En un de los casos, ha sido la propia escuela la que se ha dedicado a criminalizar al niño, de origen latinoamericano, estaba claro que no tenían la misma vara de medir». «La buena noticia -añade la especialista- es que dos escuelas quisieron sentarse con nosotros y revisarse», explica Ruiz.
El tercer tipo de denuncias que han llegado este año a la entidad tienen que ver con el acceso a derechos sociales. Suponen el 14% del total de casos, 48 situaciones sumando los nuevos y los acumulados. «Esto es especialmente grave porque la misma administración que debe proveer derechos es la que los impide», asegura. Las denuncias van desde ayuntamientos que impiden el empadronamiento, conflictos con las instituciones educativas o sanitarias, falta de acceso a prestaciones sociales o incluso que entidades bancarias permitan abrir una cuenta corriente. «En estos casos, depende de la suerte, de si el funcionario de turno tiene sensibilidad. Se podría solucionar con algo tan simple como hacer cumplir la norma, con voluntad política», explica Rossy. Un caso, por ejemplo, atañe a un alumno de origen africano al que se le obligó a ir a una escuela católica concertada por los planes contra la segregación escolar del municipio, cuando la familia exigía un centro público. SOS Racisme entiende que no se respetó su voluntad debido al color de su piel.
Infradenuncia
El dato que más preocupa a la entidad es que el 70% de casos no llegan ni a los juzgados, ni a la queja administrativa. «Llegan a nosotros para sentirse escuchados, para que su caso se visualice, pero no confían en las instituciones», explica Rossy. A menudo tienen miedo a ser deportados o a tener sanciones con los permisos de residencia, otras veces temen que no les van a hacer caso o ya asumen que no ganarán el juicio. Una situación bastante habitual, según expone el abogado Josep Granados. «En estos casos, o no se practican las diligencias, o se archivan directamente, o en el juicio el juez o el fiscal no se creen la versión de la víctima. Hay un tema de privilegios blancos», criticó Granados.
ACTIVISTA FEMINISTA POR LAS TRABAJADORAS DE HOGAR
«Hay racismo, machismo y clasismo contra las trabajadoras del hogar»
Pero el informe también tiene datos para el optimismo. Por primera vez, hay más personas denunciantes de origen extranjero que con nacionalidad española. «Sabemos que son quienes sufren más discriminación, pero también tienen más miedo, por eso es un motivo de orgullo que vengan al servicio», explica Rossy. También destaca la presencia de mujeres, que ha aumentado en los últimos años. Aunque asumen que hay mucho trabajo por hacer. «Esto es tan solo la punta del iceberg», asegura el presidente de la entidad, Cheikh Drame.