La crisis económica ha generado un aumento en el rechazo hacia la población inmigrante, muy especialmente del número de españoles que cree que las personas de origen extranjero deberían abandonar el país.
Es una de las conclusiones que se desprende del informe ‘Impactos de la crisis sobre la población inmigrante en España’, que ha publicado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y en el que se advierte de que «la crisis está potenciando la imagen de la inmigración (o de su segmento más precario) como un «excedente indeseable» del que convendría deshacerse».
Si en 2007 un 12% de la población estaba de acuerdo con la expulsión del país de los inmigrantes en situación irregular, en 2010 esa cifra aumentó hasta el 20%. Del mismo modo, en 2010 un 73% de los nacionales creía que deben ser expulsados los extranjeros que comentan delitos de cualquier índole, frente al 68% que lo hacía en 2007. También aumentó la proporción, del 39% al 43%, de quienes opinan que deberían abandonar el territorio aquellos que lleven mucho tiempo desempleados.
Aunque el mayor incremento de los que muestran una opinión de rechazo hacia los inmigrantes se produjo durante el periodo de 2000 a 2005, en pleno crecimiento económico, el estudio señala que, en general, el clima de opinión pública respecto a este sector de la población es «preocupante».
Según el documento, que recoge los datos de una serie de encuestas recopiladas por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), en la actualidad la opinión pública española está dividida en tres grupos de tamaño más o menos similar: los que rechazan abiertamente a los inmigrantes son un 37%, frente al 33% de quienes se muestran tolerantes y un 30% de indecisos. Sin embargo, los expertos del informe advierten de que este último sector «está más cercano a las tesis de rechazo que a las tolerantes».
«La crisis no está generando una xenofobia galopante, pero hay un caldo de cultivo que puede ir a más si no intervenimos hoy. Se puede generar una fragmentación y una exclusión preocupante», ha afirmado Walter Actis, uno de los redactores del documento, durante la presentación.
En particular, el texto compara estas tendencias de opinión pública para relacionarlas con las dinámicas del mercado de trabajo en España y con la última crisis económica que sufrió el país en el periodo de 1991 a 1994. Desde ese entonces, se ha incrementado de manera muy evidente el grupo de peronas que piensa que «la inmigración deteriora los salarios al aceptar sueldos más bajos». Ahora son el 80% frente al 60% que lo pensaba entonces. Sin embargo, se ha reducido de un 74% a un 65% el grupo de quienes piensan que «quitan puestos de trabajo a los españoles».
«Estos datos sugieren que se extiende la percepción de que la mano de obra inmigrante es más complementaria que sustitutoria de la autóctona», sostiene el informe.
Los más golpeados
El estudio ofrece también multitud de datos que evidencian que el de los inmigrantes es uno de los sectores peor parados por el impacto de la crisis económica, con situaciones especialmente dramáticas, como se desprende del porcentaje de hogares con todos sus miembros activos en paro: un 11%, frente al 8% de los autóctonos. Si atendemos sólo a los de procedencia africana, la cifra se dispara hasta el 21%.
Del mismo modo, entre 2008 y 2011 el desempleo afectó a los inmigrantes (39,1%) el doble que a los nacionales (18,4%), siendo procedentes de África, nuevamente, los más golpeados (49,35%). Además, la precariedad en el trabajo también se incrementó en este periodo y ha aumentado la proporción de empleo indefinido de baja calidad y el porcentaje de los que buscan otro empleo. Un dato que unido a la brecha salarial cada vez más grande entre nacionales y extranjeros hace que la situación se torne grave: entre 2006 y 2010 el salario medio real de los españoles apenas se incrementó (0,8%), mientras que el de los extranjeros disminuyó con fuerza (-10,6%).
Estos datos «ponen de manifiesto que el desempleo y la pobreza se han incrementado más rápidamente entre la población inmigrante», cita el informe como una de sus conclusiones.
En efecto, la pobreza extrema entre el sector también registró una subida significativa. Entre 2004 y 2009, los inmigrantes no comunitarios registraron una tasa de pobreza extrema del 10,8% frente al 6,7% de los hogares españoles.
«La crisis ha frenado el flujo inmigratorio, pero el grueso permanece. Estamos hablando de millones de personas que son ciudadanos y que viven aquí. Creemos que la política migratoria no debería preocuparse por la presión migratoria o las pateras y sí por las condiciones de estas personas», señaló Actis.
Público.es