Levante-EMV.- Se pronuncia tras una denuncia de un español y un argelino al que dos policías de paisano pararon paseando por la calle. El organismo lleva reclamando desde 2013 que la policía tome medidas para acabar con estas prácticas.
El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación a la policía por realizar paradas por perfil racial en València. La denuncia, interpuesta por un ciudadano argelino y otro español, explica que dos policías de paisano se pararon a su lado y los retuvieron para identificarlos durante más de 15 minutos cuando ambos se encontraban andando por la calle. Los afectados denuncian además que esta situación se venía repitiendo varias veces en el tiempo.
La queja ha sido admitida a trámite y la adjunta al defensor, Patricia Bárcena, ha abierto una investigación por lo que los afectados denuncian como «una identificación motivada por el perfil étnico racial«, es decir, basándose solo en la apariencia física y no en los indicios de haber cometido un delito.«
Los hechos ocurrieron el pasado 23 de julio a las 11 de la mañana, cuando Mohamed salió del domicilio del segundo afectado para «dirigirse a almorzar con unos amigos». Al recorrer unos metros de la calle «un coche rojo frenó, de él bajaron dos hombres vestidos de paisano y se identificaron como funcionarios policiales, mostrando uno de ellos su placa». Después solicitaron la documentación a ambos ciudadanos, mostrando «el primero su DNI y el segundo una fotografía de su pasaporte en el móvil, ya que el original lo había dejado en casa». La identificación duró más de 15 minutos, explica el afectado.
Ambos denuncian, a través de la campaña CIEs NO, que la policía se interesara por el hecho de que Mohamed residiera en el domicilio del otro ciudadano español, y que además le preguntó si era «habitual que hubiera gente acogida en la casa». El afectado contestó que si, y explicó que desde hace años «acoge en su domicilio particular a jóvenes ex tutelados que han quedado en situación de calle o a jóvenes en situación de especial vulnerabilidad que han quedado en libertad del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de València».
«No es la primera vez»
También denuncian que «no es la primera vez que funcionarios policiales identifican al dicente o a jóvenes acogidos en su domicilio en las inmediaciones de este, tal y como consta en otras denuncias presentadas ante el organismo».
Al preguntar por el motivo de la identificación, los policías contestaron que era «por motivos de seguridad». Y al tratar de averiguar si se trataba de un dispositivo de seguridad ciudadana o de extranjería, los agentes contestaron que «los dos». «Y seguirán todo el verano (de 2022) porque, aunque no parece que este sea el caso hay muchos argelinos dando palos».
Para los denunciantes se trata de una identificación «motivada por el perfil étnico racial de Mohamed» ,y que es «un acto de discriminación directa». A su juicio «la lógica basada en que una persona racializada es igual a una persona en posible situación administrativa es racista».
Añaden que, en este caso, no se cumplían ninguno de los dos supuestos para la identificación de personas. El primero es «cuando existan indicios de que haya podido participar en la comisión de una infracción», y el segundo «cuando se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito». Para completar la denuncia los afectados citan la circular número 2/2012 de la Dirección General de la Policía por la cual «se evitarán aquellas identificaciones que se consideren innecesarias, arbitrarias o abusivas».
El Defensor del Pueblo pide devolver los papeles a un estudiante por una decisión errónea de Extranjería
El Defensor ha emitido una recomendación a la Subdelegación del Gobierno de València pidiendo que revoque y deje sin efecto un expediente que negó la estancia por estudios a un inmigrante en València. El organismo se pronuncia tras la queja de un abogado extranjerista y afirma que la Oficina de Extranjeros de València tomó una decisión contraria a la ley, por lo que le invita a arreglarla.
Desde 2013 reclamando medidas
No es la primera vez que el Defensor del Pueblo se pronuncia sobre estas prácticas. De hecho, ha reclamado que se tomen medidas cuatro veces. La última la publicó este periódico el pasado mes de mayo, cuando el organismo pidió «la erradicación de las identificaciones por perfil racial«. Para ello instaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a «elaborar estadísticas desglosadas por raza y etnia junto al motivo de la identificación».
Patricia Bárcena, adjunta Segunda al Defensor, reclamó varias medidas. La primera es “el diseño y adopción de formularios de identificación y registro en el que conste la etnia, la raza y la nacionalidad de la persona sometida al control de identidad, así como el motivo de la identificación”. Y con estos datos, pide que el cuerpo los recopile para detectar si de verdad se para más a las personas racializadas sin haber cometido un delito. También pedía auditorías y la identificación de buenas prácticas y posibles tendencias discriminatorias.
La Directora General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial del Gobierno, Rita Bosaho, ha sido otra de las voces que reclamaba la elaboración de estadísticas con datos por origen étnico y racial. De hecho, anunció que el Gobierno lo implementaría a nivel general para «atajar el racismo».
La primera vez que el Defensor reclamó a la Policía y Guardia Civil medidas contra las identificaciones fue en el año 2013, cuando la entonces Defensora Soledad Becerril (del Partido Popular) formuló cinco recomendaciones que a día de hoy siguen siendo rechazadas. En ellas, además de los formularios, pide un manual de uso y la creación de un sistema estadístico.
Becerril también reclamó formación específica para la Policía “en materia de diversidad cultural y capacitación sobre la forma de llevar a cabo controles de identidad con arreglo al principio de igualdad y no discriminación”. Por último, también reclamaba habilitar “un mecanismo de reclamaciones” en el que los ciudadanos pudieran formular quejas individuales sobre posibles discriminaciones por parte de funcionarios de policía.
La respuesta de la Policía en su momento y hasta hoy ha sido que “resulta extremadamente difícil verificar el número y la motivación de las identificaciones de ciudadanos extranjeros por la complejidad y diversidad de las tareas policiales”.