ElNacional.cat/Mayte Piulachs.- La Audiencia de Barcelona juzga este martes a dos concejales del PSC y un policía, a quien el fiscal pide 3 años de prisión
Nuevo juicio relacionado con el Referéndum de Autodeterminación de Catalunya del 2017. La Audiencia de Barcelona juzgará a partir de este martes a dos concejales del PSC y al jefe policial de Pineda de Mar, a quien la fiscalía pide tres años de prisión y de inhabilitación a cada uno por un delito de coacciones con la agravante de prevalencia de carácter público. En concreto, el fiscal coordinador del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, acusa la entonces primera teniente de alcalde de Pineda de Mar, la socialista Carme Aragonès; el segundo teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Jordi Masnou –también del PSC, que continúa en el consistorio, ahora como tercer teniente de alcalde–, y el jefe de la policía local de Pineda, Carles Santacreu, por haber «exigido» a la dirección de una cadena hotelera «la expulsión» de unos 500 agentes de la policía española que tenía en los hoteles Checkin Pineda y Checkin Montpalau, el día siguiente del referéndum y las polémicas cargas policiales del 1-O.
El juicio se tenía que celebrar en el juzgado de lo penal 2 de Arenys de Mar el marzo pasado, y una vez en la sala de vistas, el fiscal expuso que se había dado cuenta de que Santacreu tiene en vigor el cargo policial y se tendría que juzgar en la Audiencia de Barcelona, y la jueza suspendió el juicio. La ley obliga a juzgar agentes policiales (de cualquier cuerpo) en las audiencias provinciales si es por una actuación como autoridad pública. Carles Santacreu, había sido suspendido del cuerpo policial por el Ayuntamiento de Pineda de Mar, pero lo tuvo que readmitir en el 2021. La defensa de Santacreu, ejercida por el penalista Andreu van den Eynde, aclaró que nunca había perdido su condición de policía, que tiene desde el 2008 y que el gobierno local socialista lo había suspendido unas semanas.
¿Un posible acuerdo?
En su escrito de acusación, el fiscal Aguilar expone que la noche del 2 de octubre del 2017, Aragonès, Masnou y Santacreu –que no iba de uniforme, pero se presentó como jefe policial–, de «manera irregular, porque no habían pedido cita previa», fueron al hotel Checkin Montpalau y «conminaron» al director a «expulsar a los funcionarios de la policía». El director les indicó que no podía, ya que tenían la reserva hasta el 5 de octubre y, viendo su insistencia, llamó al gerente de la cadena para hablar con los políticos. Según el fiscal, el concejal de Urbanismo, «con tono desafiador», le ordenó «sacar a estos clientes sí o sí» y, en vista de la oposición del gerente, «a gritos y enfadado, le dijo que le cerraría el hotel durante cinco años». Finalmente, el gerente cedió e informó a la policía española de la amenaza. Una parte de los agentes se marcharon el 5 de octubre, como fijaba el contrato. La contundencia policial el 1-O provocó concentraciones de ciudadanos indignados ante los hoteles donde se alojaban los agentes y se vivieron momentos de mucha tensión.
Finalmente, la sección sexta de la Audiencia de Barcelona ha programado para este martes y miércoles el juicio por la expulsión de policías de hoteles por el 1-O, casi un año después del primer señalamiento y cinco años después de los hechos. El jefe policial de Pineda de Mar sostiene que no habló en aquella reunión en el hotel y que iba a acompañar a las concejalas, y por eso no quiere aceptar ningún acuerdo con una condena rebajada, como se indica que se le habría ofrecido. También a los dos concejales socialistas, defendidos por el penalista Fermin Morales.
En el procedimiento, el fiscal pidió el archivo de la causa contra Sílvia Biosca (PSC) –actual primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pineda de Mar–, al considerar que no queda «lo suficiente» acreditado que cometiera un delito de falsedad en documento público por haber simulado un comunicado de prensa conjunto con la cadena. Y, en mayo de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) archivó la causa contra la diputada y concejala de Pineda de Mar Mònica Palacín (ERC), al considerar que no había pruebas contra ella para juzgarla por coacciones a los titulares del hotel.