16 de diciembre, 2024
El Nacional.cat.- Cuatro estudiantes independentistas han sido condenados a pagar una multa de 2.160 euros cada uno al ser condenados por un delito de coacciones, con la agravante de ideología y la atenuante de dilaciones indebidas, por haber expulsado a miembros de la entidad españolista S’ha Acabat! de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), según la resolución comunicada este miércoles. Los hechos pasaron durante la feria de la UPF, con la participación de una veintena de grupos, en febrero de 2022.
Sin embargo, la magistrada del juzgado de lo Penal 20 de Barcelona, los ha absuelto del delito leve de lesiones a siete miembros de la entidad, al considerar que no está lo bastante acreditado la individualización de la acción. La Fiscalía de delitos de Odio pedía tres años de prisión para cada uno.
«Proteger a entidades fascistas»
Norma Pedemonte, abogada de Alerta Solidaria y defensora de tres de los jóvenes, ha avanzado a ElNacional.cat que presentará recurso contra la condena en la Audiencia de Barcelona. Además, la penalista ha añadido que es «peligroso aplicar la agravante por discriminación ideológica para proteger a un colectivo fascista, cuando es para proteger minorías».
En un comunicado, Alerta Solidaria también ha denunciado que con la sentencia es «ningunea las manifestaciones antifascistas y se protege el fascismo».
Contra la libertad de movimientos y de expresión
En la sentencia, la magistrada considera probado que Bernat, Duran, Pau y Oriol, junto con unas 80 personas, gritaron contra los integrantes de la entidad españolista que «consideran fascista y de extrema derecha», les desmontaron el tenderete, y los obligaron a marchar del recinto, dándoles empujones y pellizcos.
Añade que los cuatro son autores de un delito de coacción con «un dolo compartido» o aplicándoles la teoría del dominio del hecho; es decir, porque estaban en aquella protesta y todos colaboraron a expulsar a los estudiantes con pensamientos antagónicos. Este razonamiento es totalmente cuestionado por la abogada Norma Pedemonte, la cual razona que en la resolución no queda clara la acción de cada uno de los jóvenes.
La jueza también encuentra correcto aplicarles la agravante ideológica al asegurar que la entidad S’ha Acabat! «se define con unos postulados constitucionalistas y de unidad del territorio nacional» y lo que vivieron fue «una privación de su libertad deambulatoria y de expresión».
La magistrada, pero, descarta aplicar esta teoría del dolo compartido en el delito leve de lesiones, donde indica que hay que individualizar más la acción, y que los integrantes de S’ha Acabat!, según los médicos, habrían sufrido estas lesiones porque también ofrecieron resistencia a no marchar del recinto universitario.
Finalmente, la magistrada también ha resuelto que la asociación españolista reclame por la vía civil los cerca de 500 euros en que valoraron las dos banderas y las pulseras que tenían a la parada, y que perdieron, al ser desmontada por los manifestantes.