El Mundo.- Dignidad y Justicia espera desde hace tres meses a que la Fiscalía General responda si va a a estudiar esa posibilidad.
La semana pasada se conmemoró en Vitoria el 50 aniversario de la desaparición de tres jóvenes gallegos que cruzaron a Francia y ETA tomó por miembros de Guardia Civil. Se trata de tres de los 113 casos de asesinados a los que según las víctimas se podría aplicar la Ley de Memoria Democrática aprobada el pasado mes de octubre.
Víctimas de ETA consideran que la norma puede aplicarse a los crímenes de la banda terrorista y aguardan desde hace más de tres meses que la Fiscalía General del Estado les responda a la petición en ese sentido que le hicieron. La Asociación Dignidad y Justicia ha pedido al fiscal general, Álvaro García Ortiz, que su Secretaría Técnica aborde «el análisis y estudio sobre la posibilidad de aplicación de la presente Ley a las víctimas del terrorismo de la organización terrorista ETA, que fueron perseguidas, secuestradas, torturadas y asesinadas en el periodo de 1 de enero de 1969 al 29 de diciembre de 1978».
La fecha final es la de la entrada en vigor de la Constitución y la que le ley de memoria fija como último día al que le es de aplicación la norma, que según la asociación debe entra en el ámbito de esa ley. «Quedarían perfectamente encuadrados todos los delitos contra las personas cometidos por la organización terrorista ETA en el periodo mencionado», todo ello «en atención a los propios principios generales» que fundamentan la norma, «como son los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres».
La asociación presidida por Daniel Portero reiteró la semana pasada su petición a la Fiscalía, dado que aún no ha recibido respuesta sobre la elaboración de ese estudio. La carta de solicitud, fechada el pasado 11 de diciembre, incorpora un listado de las personas asesinadas por ETA en el periodo comprendido por la norma, para las que pide -aunque no solo para ellas- «la protección, reconocimiento y reparación contenida en la Ley de Memoria Democrática».
113 ASESINADOS
El primero de la lista es el taxista Fermín Monasterio, asesinado en Arrigorriaga (Vizcaya) el 4 de abril de 1969 cuando pidió explicaciones a un etarra herido que estaba huyendo. El último es Joaquín María Azaola Martínez, muerto en Guecho (Vizcaya) 10 días antes de que entrara en vigor la Constitución. Lo mató ETA por haber desvelado a la Policía un plan para secuestrar al futuro rey Juan Carlos I.
La norma que Dignidad y Justicia pide que ampare a los 113 asesinados por ETA establece que entre sus objetivos está «el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión».
Añade posteriormente la norma que, con carácter general, se considerará víctima a toda persona «que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales» como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario.
La asociación considera que su solicitud está alineada con «el espíritu» de la norma, que es es «dar cumplimiento al deber moral de impulsar políticas de memoria democrática para fortalecer para neutralizar el olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia, así como fomentar la pedagogía del «nunca más», como del ámbito temporal, objeto y finalidad de la norma, principios generales y valores democráticos en los que se asienta»
Así pues, resulta «perfectamente asumible» incluir en el ámbito de protección de la ley «a todas aquellas personas, hombres, mujeres y niños, que en el periodo comprendido entre enero de 1969 y 29 de diciembre de 1978, fueron extorsionadas, perseguidas, torturadas, desplazadas forzosamente del País Vasco y Navarra o asesinadas por la organización terrorista ETA en defensa de la democracia y la libertad». Como en el caso de millares de víctimas desde la Guerra Civil, el cuerpo de los tres gallegos sigue sin aparecer.